La ilegalidad no se resuelve con la fuerza de las armas y mucho menos la ilegitimidad.
Como en los inicios de su segundo y altamente cuestionado mandato, el gobierno del señor juan orlando hernández ha tenido que recurrir a la fuerza de los cuerpos armados del Estado, para someter a su pueblo que reclama justicia, honestidad, trabajo, salud y educación.
Desde el mes de abril, cuando en respuesta a decretos ejecutivos que afectaban al Sistema de Salud y al Sistema Educativo nacional, los gremios de docentes, de médicos y enfermeras, comenzaron a realizar acciones pacíficas en reclamo de sus derechos, el gobierno decidió ponerle fin al problema aterrorizando a las, hasta entonces, silenciosas asociaciones gremiales.
Los efectos fueron inversos a los pretendidos por quien detenta el poder. La población harta de sufrir la terrible miseria a la que ha sido llevada, se sumó de a poco y de manera espontánea, a la lucha de los gremios señalados. Lo ha hecho en todo el país sin previas convocatorias, pues no forman parte de ninguna organización colegiada. Curtida ya de la saña con que se pretende domesticar sus ímpetus, le perdido el miedo los “valientes defensores de la patria o del orden público”
El día de ayer, lunes 24 de junio fue un día más de violaciones de los derechos humanos en Honduras. Los territorios de Yoro, Cortés y Santa Bárbara, fueron escenario de acciones de brutalidad de los uniformados. Las imágenes que han circulado muestran cómo se violentó el derecho del pueblo a manifestarse y cómo se violaron otros derechos humanos de la población, no solo la que se manifestaba, sino, la que reside en los lugares. Al final de la tarde en Tegucigalpa, como sucedía en tiempos de la anterior rectora de la UNAH, las fuerzas represivas violaron por enésima vez la autonomía universitaria, al ingresar a sus predios de manera violenta y utilizando las armas de fuego que portaban.
Ante la reiteración de acciones como las vividas ayer en distintas partes del país, la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA, expresa lo siguiente:
- Que CONDENA enérgicamente el uso excesivo de la fuerza y la saña con la que actúan los diferentes cuerpos armados del Estado en su afán de proteger los intereses de quienes detentan el poder del país.
- Que REPUDIA con igual energía la violación del estatus autonómico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH y la agresión violenta en contra de las y los estudiantes por parte de las fuerzas combinadas del Estado, quienes usando armas de fuego dejaron como saldo varios jóvenes con heridos de balas.
- Que lamenta la postura displicente durante toda esta crisis del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, y sus funcionarios, pues no se aprecian los resultados de las acciones que su mandato lo obligan a realizar para la defensa de los derechos humanos de las personas dentro del territorio nacional. En su ambiguo discurso, habla de sus solicitudes al Ministerio Publico para que investigue los excesos de los agentes del Estado y, a las instituciones armadas que eviten el uso desproporcionado de la fuerza. Resultados: NINGUNO.
- Que lamenta profundamente que jóvenes que reclaman sus derechos se pretenda silenciarlos disparándoles con armas de fuego, como el caso de los jóvenes universitarios llevados con heridas al Hospital Escuela de Tegucigalpa, o los que han sido asesinados en el marco de esta crisis en Copán, Villanueva, Santa Cruz de Yojoa, Yarumela y Tegucigalpa.
- Que repudia la criminalización y las campañas de desprestigio y difamación de que son objeto defensoras y defensores de derechos humanos a título individual y organizaciones de derechos humanos, a través de las redes sociales y de medios de comunicación.
- Que exige al gobernante del país el cese de la matanza de jóvenes hondureños que orillados por la pobreza y desesperanza familiar, manifiestan su malestar por la corrupción y la impunidad imperante en su gobierno y reclaman los derechos que les son negados. Exige así mismo, la retirada de los militares de las calles y su regreso a sus cuarteles.
- Nuevamente solicita a la Organización de la Naciones Unidas que inicie investigaciones al gobierno de Honduras sobre el uso desproporcional de la fuerza durante las manifestaciones populares y sobre la violación de los estándares internacionales sobre el uso de los gases lacrimógenos.
Asociación para una Ciudadanía Participativa
Tegucigalpa, M.D.C. 26 de junio del 2019