Mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial se hacen los desentendidos con los narco-políticos hondureños y funcionarios acusados de corrupción y saqueo de las arcas del Estado, este lunes 26 de agosto, una Juez de jurisdicción nacional ordenó prisión provisional contra siete (7) defensores del ambiente, el agua y la naturaleza, que han sido acusados ante el Ministerio Público de ser responsables de varios delitos, entre otros: robo, usurpación, incendio Agravado, daños, secuestro y asociación Ilícita.
Se trata de los señores: José Daniel Márquez, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Orbin Nahúm Hernández Porfirio Sorto Cedillo y Arnold Javier Alemán, quienes sabedores de tener una orden de captura en su contra por delitos que nunca cometieron, se presentaron de manera voluntaria ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional, evidenciando así su inocencia. La jueza con jurisdicción nacional, Lizeth Vallecillo, dictó detención judicial por lo que están recluidos en la penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Francisco Morazán, donde permanecerán hasta el 29 de agosto, cuando de inicio la audiencia inicial.
Este es un caso más de las tantas acciones de criminalización en contra de las personas defensoras del ambiente y los derechos humanos en Honduras. El procedimiento es el mismo: 1. La empresa o la Policía acusan de supuestos delitos a los o las defensoras; 2. El Ministerio Público, casi siempre diligente en estos casos, emite el Requerimiento Fiscal; 3. El Poder Judicial, diligentemente dicta las órdenes de captura y su juzgamiento subsecuente. Los medios de comunicación corporativos se encargan de lo demás.
Los siete imputados, ahora privados de su libertad, son parte de los honestos hondureños, que, en una cruzada heroica, defienden las aguas del río Guapinol ante el peligro de contaminación provocada por la empresa minera “Inversiones Los Pinares”, quien iniciara trabajos de explotación en una concesión que inicialmente el Estado otorgó a miembros de la familia Rivera-Maradiaga quienes curiosamente enfrentan a la justicia estadounidense por actividades de narcotráfico que eran de dominio público en Honduras.
ACI PARTICIPA hace un ferviente llamado a la comunidad nacional e internacional a mantenerse en alerta ante las actuaciones del Estado hondureño, en este nuevo caso de persecución judicial en contra de estos siete defensores de los bienes comunes y de la naturaleza. Su lucha no es contra de una empresa, es en defensa de su derecho al agua y a un ambiente sano.
Tegucigalpa, MDC, 27 de agosto de 2019.
ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA, ACI PARTICIPA.