#AlertaDefensores
La aplicación de torturas como golpes, asfixia seca o húmeda, amenazas, privación sensorial, abusos sexuales y largos períodos de incomunicación, son solo la punta del iceberg de que en Honduras la tortura se está practicando en las detenciones de la Policía Militar y en las cárceles en el país, mientras autoridades como la Secretaría de Derechos Humanos, Comisionado Nacional de Derechos Humanos y Medicina Forense esconden las cifras, según las conclusiones preliminares de una misión internacional que permaneció en la nación del 18 al 22 de junio de 2018 .
Honduras es un Estado suscriptor de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, entró en vigencia en 1987, y ratificada por Honduras según Decreto no. 47-96 del Congreso Nacional, el 16 de abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” bajo el número 28,089, del 19 de octubre de 1996.
Mientras el Protocolo Facultativo de dicha convención fue ratificado por el parlamento hondureño según decreto legislativo número 374-2006, del 20 de enero de 2006 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta con número 30,958, de fecha 21 de marzo de 2006, de acuerdo a datos publicados en la página del Poder Judicial.
A raíz de estos instrumentos internacionales se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Malos Tratos, CONAPREV, pero el mismo carece de independencia porque está adscrito al Gabinete de Gobernabilidad, según el decreto emitido el 23 de marzo de 2018.
Escondieron las cifras
La misión internacional compuesta por expertos de Argentina, Suiza y Guatemala, llegó al país del 18 al 22 de junio de este año, tenía como objetivo la verificación de la tortura en el país y las medidas adoptadas por parte de las instituciones del Estado para erradicarla, garantizar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas.
Recabó información sobre casos de torturas y malos tratados contra personas al momento de ser detenidas; prevalencia de esta violación a los derechos humanos en centros penitenciarios; el uso excesivo de la fuerza en el manejo de protestas y desalojos.
En sus primeras conclusiones se puede desprender que no se trata de casos aislados sino que se habría convertido en una práctica estatal la aplicación de torturas y trato crueles inhumanos y degradantes, y lo grave del asunto es que escondieron la información ante esta delegación, en contraste con ello hay pocas denuncias porque las víctimas temen a las represalias.
Asimismo destacaron ante periodistas de distintos medios de comunicación este 22 de junio de 2018 en una conferencia de prensa que a los privados de libertad en centros penitenciarios se les obliga a aceptar sus delitos por parte de los defensores públicos ofreciéndoles a cambio penas más bajas en años.
Militares a cargo de las cárceles sin rostro y sin identificación
La misión que estaba compuesta por Helena Solá de la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT; Ileana Hernández de la Coalición Internacional contra la Impunidad y Enrique Font, experto independiente sobre el tema.
Dijeron ante la prensa que les preocupa el hecho de que la administración de los centros penitenciarios esté a cargo de militares y que los encargados de la custodia de los privados de libertad llegan con la cara cubierta y sin identificación.
La delegación visitó la cárcel de máxima seguridad denominada “El Pozo” donde constató que las condiciones en la misma no cumplen con las “Reglas Mandela”; hay restricción en el régimen de visitas y comunicación de los privados de libertad con sus familiares; hay uso de celdas pequeñísimas de aislamiento donde hay hasta 18 presos, entre procesados y condenados que llevan hasta unos siete meses en esas condiciones.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Nelson Mandela, fueron adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977.
La Regla 1 señala que “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes”
La Regla 43 establece que “Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas: a) el aislamiento indefinido; b) el aislamiento prolongado; c) el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada; d) las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable; e) los castigos colectivos. 2. En ningún caso se utilizarán métodos de coerción física como sanción por faltas disciplinarias”.
Caso de cuatro defensores y ocho estudiantes
Para los integrantes de la misión uno de los casos emblemáticos es de los defensores de derechos humanos y ocho estudiantes torturados por altos mandos policiales el 08 de septiembre de 2018, en el marco de un desalojo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
“El Poder Judicial dictó el pasado 06 de junio de 2018 sobreseimiento definitivo argumentando que eran los defensores de derechos humanos que habían provocado la actuación policial, lo que también denota falta de respeto y reconocimiento de la labor de defensa de los derechos humanos por parte de la administración de justicia…..este es un ejemplo que estigmatiza y expone a situaciones de mayor riesgo el ejercicio a la defensa de los derechos humanos quienes no gozan de las garantías de protección necesarias para poder denunciar casos de tortura y malos tratos”, remarcaron en un comunicado entregado a los periodistas.
El 27 de julio de 2016 Honduras fue examinada por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y en un comunicado señalaron que entre los temas a evaluar eran las acusaciones de brutalidad policial y de maltrato a los detenidos; la investigación de acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos, incluidas las muertes resultantes del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército, así como las detenciones arbitraria y desapariciones forzadas ocurridas durante la supresión de las protestas a favor de la restauración del orden constitucional tras los eventos del 28 de junio de 2009.
Se sumaba entre los temas el hacinamiento carcelario; el uso extensivo de la detención preventiva de menores acusados de delitos graves como el de ser miembro de pandillas juveniles o maras; los hallazgos de la investigación del incendio en la granja penal de Comayagua ocurrido el 15 de febrero de 2012, en el que 350 personas perdieron la vida; la falta de recursos para la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público y las deficiencias en el programa de protección de testigos; las medidas para prevenir atentados contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, y para proteger sus vidas; las medidas para asegurar la plena independencia del poder judicial; los pasos adoptados para prevenir y enfrentar la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica y sexual.
En ese momento Honduras presentó un informe donde trata de quedar bien parado ante dicho comité presentando una visión maquillada de la realidad.
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