El Sistema de Justicia hondureño ha tenido siempre dos caras, como la moneda de cambio. Siempre ha sido muy selectivo. Ha sido permisivo, complaciente y benévolo con los poderosos que tienen muchísimo dinero y tienen apellidos extranjeros o que están vinculados a familias que los tienen. Del otro lado, se ha ensañado siempre con la gente pobre, con quienes viven sumidos en la miseria, arañando la tierra para obtener algo que les permita comprar un mendrugo de algo que les ayude sobrevivir y alargar un día más su mísera existencia.
Es el caso de Santos Hernández Ortiz y María Hernández, quienes juntaron su pobreza para vivir en la miseria. En ese triste entorno nació el niño Yosimar Hernández, su hijo. Los Hernández son una familia campesina a tiempo parcial y familia pescadora artesanal, cuando no se dedican al cultivo de granos en las poco fértiles tierras de la península de Zacate grande. Vivieron siempre pobres; pero tranquilos, hasta que hace unos 30 años, en el gobierno de un delincuente convicto que murió pagando una pena en los United States, comenzaron a llegar individuos con mucho dinero y poder político a construir “villas de veraneo” en los lugares más atractivos de las costas de la península de Zacate Grande, en el golfo de Fonseca. Se apropiaron ilegalmente de las playas, prohibiendo la libre circulación por ellas a los viejos pobladores de aquellas tierras y además impidiéndoles navegar y pescar en las aguas circundantes a sus lujosas mansiones.
Los Hernández tienen su humilde vivienda en la comunidad de Playa Blanca, península de Zacate Grande, en el municipio de Amapala, Departamento de Valle. Allí, desde que los turistas pudieron llegar en sus vehículos a la otrora Isla de Zacate Grande, hoy convertida en península, los pobladores habilitan los predios cercanos al mar, para que los visitantes estacionen sus automotores mientras disfrutan de las cálidas aguas del golfo y de la calidez de la gente. Esta actividad temporal, la esperan con mucha ilusión los lugareños, pues les permite obtener pequeños ingresos con los que solventan parte de sus necesidades.
Los Hernández hacen lo mismo y defienden con uñas y dientes esa única oportunidad que les ofrece cada verano. Pero, apareció un supuesto propietario, de esos con apellidos extraños que reclamó la propiedad de dichos predios e intentando impedir su uso para los fines ya señalados, produjo un enfrentamiento con ellos y acusó a sus líderes de los supuestos delitos de daños, usurpación y amenazas y nuestro sistema de justicia actuando como siempre condenó en agosto de 2017 a Santos Hernández Ortiz y a Abel Pérez como culpables de la comisión de los tres delitos imputados y a cumplir una pena de cinco años y treinta días. Ambos campesinos, defensores de los derechos humanos y que lideran la lucha para el reconocimiento del derecho a la tierra y el territorio por parte del Estado de Honduras en favor de los pobladores de la península de Zacate grande, ya habían permanecido en prisión por más de cien días durante el año 2016, en el Penal de Nacaome.
Justamente, previo a los días de mayor presencia de turistas en su comunidad de Playa Blanca, nuestro Sistema Judicial, apañador de asesinos, corruptos funcionarios públicos, narcotraficantes y blanqueadores de dineros ilegales, evasores de tributos y tantos otros delincuentes que pululan libremente en nuestro país, tiene ahora en la cárcel a los Hernández en el Centro Penal de Nacaome. La tarde del 27 de marzo 2023, fue capturado y llevado al centro penal mencionado, Santos Hernández para cumplir su condena ratificada en Casación por la “honorable Corte Suprema de Justicia”. El sábado 1 de abril, actual, María Hernández, que llegó al centro penal de Nacaome a visitar a su esposo, y oportunamente también fue capturada por agentes de la DPI, respondiendo a una orden de captura emitida el 29 de agosto de 2019. No les importó que su hijo Yosimar, que es un niño, quedara expuesto socialmente por la ausencia de sus padres ahora encarcelados por defender sus derechos y el derecho a su alimentación.
La Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA, repudia estas resoluciones del corrupto Sistema Judicial hondureño, que es muy diligente para perseguir y condenar a la gente pobre y a las y los defensores de los derechos humanos; pero, que hace mutis con los poderosos y mantiene en la impunidad el 95% de los crímenes contra quienes defendían y defienden los derechos humanos. Además de solidarizarse con la familia de Santos y María Hernández y con los miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) de la que son miembros, exige al gobierno la protección de los miembros de ADEPZA, que están siendo hostigados por allegados a las familias poderosas que vacacionan en la península. Asimismo, hace un llamado a la nueva Corte Suprema de Justicia, que cumpla con las expectativas que el pueblo ha cifrado en ella, para que, en el país impere la justicia y el Estado de Derecho.
ACI PARTICIPA SALUDA SOLIDARIAMENTE A LA POBLACIÓN HONESTA DE ZACATE GRANDE MIEMBRA DE ADEPZA.
Tegucigalpa, MDC, 3 de abril de 2023.