MASIVAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
La respuesta violenta y represiva del gobernante hondureño en su anterior y actual mandato a las demandas populares, refleja entre otras cosas, su debilidad y la sinrazón de sus actuaciones, pues, solo quien carece de autoridad hace uso de la fuerza bruta para intentar imponer sus ideas.
Las masivas manifestaciones populares en todo el país durante los meses de abril, mayo y lo que va de junio, sería para gobernantes inteligentes el instrumento ideal para saber que sus ejecutorias en vez de contar con la aprobación de sus gobernados, genera el repudio de éstos y por lo tanto, sería la hora de tomar la sabia decisión de cambiar.
La integración de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación no es producto de la casualidad o del capricho de un grupo de “eternos inconformes” que intentan desestabilizar el país, sino, consecuencia de medidas estatales encaminadas a disminuir sus obligaciones económicas en los servicios públicos de atención a los derechos humanos a la salud y a la educación del pueblo en general. Estas medidas contenidas en los PCM 026 y 027, (Decretos Presidenciales en Consejo de Ministros), adicionalmente daban una amplia discrecionalidad a las Comisiones Interventoras de las Secretarías de Educación y de Salud, para despedir y remover personal, poniendo en precario los derechos laborales de docentes, médicos y personal hospitalario público.
La atención a los derechos a la salud y a la educación del pueblo, ha ido decreciendo en los últimos 10 años, producto de drásticos recortes presupuestarios a las Secretarías de Estado que atienden estos derechos. En el caso de Educación del 32,9% del total del presupuesto que se le destinaba en el 2010, ha pasado al 19,9% en el 2019, en tanto en salud durante el mismo período ha pasado del 14,3% al 9,7%. Estos recortes significaron el congelamiento de salarios, falta de atención a la infraestructura educativa y hospitalaria, no contratación o nombramiento de nuevo personal y el desabastecimiento de insumos básicos para la atención de la salud.
Estos comportamientos irresponsables de quienes detentan el poder, finalmente hicieron reaccionar a los gremios cuyas dirigencias se vieron rebasados por sus bases hartas de la impunidad en la violación de sus derechos y de la apatía de sus dirigentes. Esta reacción dio la oportunidad a la población para salir masivamente a reclamar sus derechos y a protestar contra los responsables de que la calidad de su vida haya llegado a extremos impensables por la pobreza extrema producto de la falta de empleo y de oportunidades, los bajos salarios, la delincuencia y la impunidad.
La respuesta del régimen ha sido feroz. Intolerante al reclamo ha enviado a las turbas uniformadas para tratar de someter al pueblo con toda la brutalidad aprendida de sus superiores. Sin embargo, sus armas reglamentarias, sus toletes, sus bombas lacrimógenas, su represión abusiva en contra de las personas que se manifiestan y las detenciones arbitrarias, no han sido suficientes para quebrantar la disposición de lucha de la población. La explicación es simple: ante la brutalidad se impone la razón y la razón la tiene el pueblo.
ACI PARTICIPA en su papel de defensora de los derechos humanos, como otras organizaciones, ha acompañado muchas de estas manifestaciones populares y ha comprobado con estupor cómo marchas pacíficas fueron atacadas con gases lacrimógenos provocando la reacción natural de los protestantes. En otras, los manifestantes han denunciado la presencia de infiltrados provocadores con acciones de vandalismo con el fin de justificar la acción represiva de las fuerzas del Estado y desacreditar la lucha del pueblo por sus derechos.
Hasta hoy no han sido cuantificadas las acciones violatorias de los derechos humanos de personas que ejercían el derecho constitucional a la protesta (derecho reconocido también en la Carta de San José); sin embargo, son de conocimiento generalizado los principales puntos y lugares donde la brutalidad policial fue excepcionalmente grave: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Villanueva, La Lima, El Progreso, Pajuiles, Tela, Arizona, La Ceiba, diferentes puntos del Departamento de Colón, como: Guapinol, Sabá, Guadalupe Carney; Choluteca, Olancho, Santa Bárbara, Siguatepeque, entre otros. Las redes sociales y algunos medios alternativos han sido los encargados de romper el silencio cómplice de los medios de comunicación al servicio del gobierno, publicando en detalle las imágenes de las acciones criminales de quienes están llamados a proteger al pueblo.
Llama poderosamente la atención en las actuaciones policiales, la saña con que atacan a los y las manifestantes. Es evidente que su intención no es la dispersión y desarticulación de las protestas, sino, la de causar el mayor daño y dolor a las personas. Se persigue hasta el interior de las viviendas a los manifestantes y sin medir consecuencias, lanzan en su interior bombas de gases lacrimógenos.
Se conoce de al menos cinco (5) personas asesinadas en el marco de las protestas populares, un número indeterminado de personas heridas y una persona guardando prisión con Auto de formal procesamiento por el delito de incendio y daños agravados en contra de la Embajada USA. Acciones reiteradas de intimidación y amenazas a muerte en contra de la Dra. Suyapa Figueroa, Presidenta del Colegio Médico de Honduras y contra otros integrantes de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación.
Ante estos terribles hechos cuya responsabilidad total corresponde al actual gobierno de Honduras, ACI PARTICIPA, demanda lo siguiente:
1. Al gobierno de Honduras:
a. Retiro inmediato de las tropas militares y policiales especiales en las Comunidades de Pajuiles, Guapinol y Guadalupe Carney.
b. Investigación objetiva e imparcial para determinar autoría de los asesinatos, lesiones y daños contra la integridad de las personas durante y después de las acciones represivas.
c. Garantizar el debido proceso en el juicio que se sigue al joven Rommel Herrera Portillo.
2. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator Especial de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos, iniciar una investigación sobre la violación de los estándares internacionales en el uso de los gases lacrimógenos por parte del gobierno de Honduras.
3. A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a todas las organizaciones de Derechos Humanos, a continuar acompañando a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica y a documentar y denunciar las acciones violatorias de los derechos humanos.
“PORQUE DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS ES NUESTRO DERECHO, PROTEGER NUESTRA VIDA ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO”
Tegucigalpa MDC, 7 de junio de 2019.