#AlertaDefensores
Tegucigalpa, Honduras.- Alma Mater, nombre del edificio principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y escenario nocturno de una fuerte represión contra estudiantes, ahora expulsados.
Todo inició el 24 de mayo del 2017 hasta la madrugada del 25, cuándo 19 universitarios y un periodista fueron llevados a la jefatura metropolitana No. 1 (Core 7), de Tegucigalpa.
Los relatos siguen actuales. Los y las defensoras de la educación pública, no olvidan cada detalle, sobre todo porque -según ellos- había orden de matarlos.
Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, criminalizados por defender la educación superior en la UNAH
La toma pacífica se dio para exigir justicia en favor de tres compañeros que ese día iniciaban un juicio oral y público acusados de usurpación en perjuicio de la UNAH. Actualmente están condenados.
En el “Alma Mater” funciona la oficina de la rectoría, en ese entonces dirigido por Julieta Castellanos.
“Es un edificio que cobra vida y está restringido para nosotros”, expresó una de las víctimas de expulsión, por orden de la rectoría, quien determinó que 24 universitarios estén suspendidos por 15 períodos académicos.
Los gasearon en un lugar sin salida. La orden era morirnos. No llevábamos ni 30 minutos cuando Roger nos visitó. Estaba furioso porque con tantos guardias en la Universidad y 15 niños nos habíamos metido.
Subimos las gradas, escuchábamos las botas de los guardias, nadie podía respirar, era imposible que se filtrara aire, sólo había gases lacrimógenos.
Hay pasillos sin salida ni ventilación, estábamos dispuestos a enfrentarnos con los guardias, era la reacción ante la orden de matarnos, recuerda una de las víctimas.
Entre el grupo de 20 personas, para algunas era su primera vez en un enfrentamiento de tal magnitud, creían que esa noche iban a morir. Y les faltaba el proceso de judicialización, tras 30 horas de encarcelamiento.
Las llamadas telefónicas a sus familiares era diciendo “me van a matar”, recuerda una de las estudiantes.
Vivieron momentos de pánico, asfixia y reacciones de sobrevivencia para defender al grupo.
Nadie dejaba olvidado a otro. Este sería el primer grupo del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), capturado, criminalizado y expulsado en el 2017.
Al darse cuenta que había una toma de edificios, llegó al lugar el jefe de seguridad mixta de la UNAH, el militar retirado Roger Aguilar, después los guardias de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), quienes tenían orden de “metánse y maténlos”, recuerda uno de los criminalizados.
Y cuando llegaron defensores de derechos humanos y medios de comunicación los guardias se fueron. Eso es inexplicable, comentan.
Había resistencia, se jugó al cansancio. No había por donde pasar… hasta que llegó la madrugada y los llevaron en patrullas.
La mañana del 24 de mayo, las protestas iniciaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Actualmente todos y todas, a excepción del periodista que esa noche documentaba la protesta, Ronnie Huete, están expulsados de la Máxima Casa de Estudios por cinco años.
Cada estudiante tiene afectaciones desde lo económica, laboral, vivienda, se les quitaron becas de estudio, pero sobretodo se les violentó su derecho a la Educación, porque hicieron uso del derecho a la protesta social cómo parte del derecho a la libertad de expresión.
Son 24 estudiantes los expulsados de la UNAH, tres condenados y más de 200 criminalizados desde el 2014, por oponerse a las reformas excluyentes y la militarización de la Lucem Aspicio hondureña.
Mañana el grupo de estudiantes expulsados dará a conocer la situación que enfrentan, mediante una conferencia de prensa en la Ciudad Universitaria.
Mientras los padres y madres de familia se han organizado para exigir la restitución de los y las jóvenes, pero el tema no está en agenda de la rectoría, denunció la catedrática Blanca Celia Barahona, madre de un expulsado.
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